Carta en Defensa de Lula Bancadas del Partido de los Trabajadores en el Congreso Nacional brasileño del Senado Federal y Cámara de Diputados Condenan a Lula, Condenan a la Democracia, Condenan al Pueblo

El presidente Lula sufre una persecución judicial sin paralelo en la historia mundial. Tal persecución tiene un objetivo claro: impedir que Lula sea nuevamente electo para realizar las conquistas económicas, políticas y sociales que el pueblo brasileño necesita para volverse cada vez más altivo y soberano.

Es preciso alertar: no hay pruebas de ni un solo crimen cometido por Lula en esos procesos. ¡Y no hay pruebas porque no hubo crímenes! Pero las pruebas de su inocencia que constan en el proceso están siendo ignoradas y despreciadas. Nunca nadie fue tan investigado en todos estos años. Nunca nadie fue tan ampliamente expuesto y tuvo su vida escrudiñada como Lula. Y nada encontraron. Ninguna cuenta en el exterior, ningún patrimonio oculto. Tan solo convicciones partidarizadas, teorías sin base fáctica, hipótesis arbitrarias y una intensa disputa política justifican y fundamentan los procesos judiciales contra él.

En el momento en que, en Brasil, políticos conservadores son absueltos y preservados y bandidos son liberados para gastar sus millones en el exterior, aun con abundantes pruebas concretas, condenar a Lula, el mayor líder popular de nuestra historia, sin un solo resquicio de evidencias, significa asestar un golpe mortal contra la justicia y la democracia de Brasil.

Es inaceptable que el sistema de justicia avance en evidente acción política para condenar a un inocente con la intención clara de interferir en la disputa política y evitar que Lula sea candidato. Con esa conducta deliberada, plagada de intereses extrajurídicos y parciales, y mediante diversas transgresiones a derechos y garantías consagrados en el orden jurídico de los Estados Democráticos de Derecho, los juicios a los que está sometido Lula ofenden el sistema constitucional brasileño y tratados internacionales de derechos humanos. Condenan a Lula, condenan a la democracia, intentan subyugar la voluntad del pueblo por la vía judicial, con desvío y abuso de poder.

Son muchas las arbitrariedades que Lula viene sufriendo a lo largo de las tortuosas investigaciones y procesos, como la espantosa e ilegal conducción coercitiva a declarar de marzo de 2016, o la ridiculizada presentación pública de un Power Point repleto de ilaciones, montajes de imágenes y frases de efecto, con el objetivo evidente de someterlo a la humillación pública, en una clara ofensa a principios fundamentales de la dignidad de la persona humana.

Otro hecho gravísimo fue la filtración a la prensa, por parte de la propia justicia, de audios de conversaciones grabadas del ex presidente Lula con la entonces presidenta Dilma Rousseff, cuya ilegalidad fue reconocida por el propio Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, a quien compete la guarda de la Constitución. Hasta el presente momento, empero, tal condenación del STF no resultó en punición ni la suspensión del juez sospechado, el cual no tiene imparcialidad para juzgar al presidente Lula.

Hay asimismo otras demostraciones de la persecución a la que Lula está siendo sometido. Entre ellas, está la decisión arbitraria de otro juez de prohibir, sin justificación plausible, las actividades del Instituto Lula, sin que haya ni siquiera un pedido del Ministerio Público en ese sentido, solo como medida de exposición e humillación públicas. De tan absurda, la acusación fue suspendida rápidamente por el tribunal competente. Sin embargo, ella es reveladora del diversificado mosaico de medidas que se están tomando contra el ex presidente Lula, con el propósito único de vejarlo.

Se adoptó contra Lula el llamado “derecho penal del enemigo”. Una política judicial de identificación previa y criminalización total de la persona, independientemente y antes incluso de la existencia de cualquier crimen. Respecto a Lula, actúan como “el juez que no quiere perder el juego”, como expuso el renombrado jurista italiano Luigi Ferrajoli, en un análisis público realizado el último día 11/04, en el Parlamento de Roma.

Todos en Brasil saben que la persecución judicial a Lula, una verdadera lawfare, o sea, guerra jurídica, forma parte de la agenda política del golpe de Estado brasileño desde mucho antes del inicio de cualquier acción jurídica.

Es necesario entender que las acciones contra el presidente Lula son conducidas por fiscales y jueces que tienen una clara opción ideológica y partidaria, manifiesta públicamente en redes sociales. Esos fiscales y jueces se aliaron a la prensa conservadora, dominada por una pequeña oligarquía de familias poderosas, con el propósito de perseguir y humillar al ex presidente Lula y a las izquierdas brasileñas en general. Por esa razón, tales fiscales y jueces adoptaron la táctica criminal de producir filtraciones selectivas de las investigaciones a la prensa, en una clara afrenta a la ley brasileña, para difundir sus tesis absurdas de que Lula sería el “comandante” de un gigantesco esquema de corrupción. Esa táctica sucia, típica de regímenes autoritarios, busca propiciar una condenación pública al margen del debido proceso legal y del principio de la presunción de inocencia.

Es también por esa razón que ese brazo del sistema judicial brasileño adoptó, en afrenta a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, la táctica de usar abusivamente de las detenciones provisionales como forma de tortura psicológica para forzar delaciones contra el ex presidente. Todos saben, en Brasil, que las chances de que un reo ser liberado o tenga su condena reducida suben exponencialmente si este acusa a Lula.

Hay, por lo tanto, una clara selectividad política de parte del sistema judicial brasileño. Mientras que políticos vinculados a las oligarquías tradicionales de Brasil son protegidos o liberados, incluso con pruebas materiales como grabaciones y valijas de dinero mal habido, Lula es condenado con absoluta ausencia de pruebas.

Destáquese que el ex presidente Lula nunca buscó protección o privilegios de cualquier tipo. Siempre ha estado a disposición de la ley. Nunca pretendió estar por encima de la ley. Pero lo que no se puede aceptar es poner al ex presidente por debajo de la protección legal debida a todo ciudadano. Lula no está por encima de la ley, pero no puede quedar por debajo de la ley, que asegura a todos un juicio justo.

Desafortunadamente, es triste constatar que Lula no tuvo un juicio justo. Muy lejos de eso. Fue condenado de antemano por una prensa oligárquica y venal y por jueces y fiscales que son modernos “savonarolas”. Esa condenación previa, mediática, necesitaba ser confirmada por una sentencia judicial, aunque fuera injusta, inconstitucional e ilegal. Como afirmó el ex presidente Lula, el juez y los fiscales que lo persiguen se han vuelto prisioneros de sus propias mentiras.

Ahora, el tribunal de segunda instancia del caso de Lula, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF/4ª), estableció, en tiempo récord en la historia de Brasil, el juicio de Lula para el 24 de enero de 2018. Ese juicio se está procesando en la mitad del tiempo de los juicios más rápidos que ya se realizaron en dicho tribunal. Vale observar que Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, presidente del TRF/4ª, afirmó, antes incluso de que el proceso llegara a su tribunal, que la sentencia del juez Sérgio Moro que condena al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 años y 6 meses de prisión en el episodio del tríplex en Guarujá (estado de São Paulo) era “técnicamente irreprensible”. Así, se trata de un juego de cartas marcadas, que tiene el objetivo político de impedir la candidatura del gran líder popular.

Las propias piezas acusatorias de los fiscales reconocen que no hay pruebas materiales contra el ex presidente, salvo la declaración de un reo, condenado a 23 años de prisión, que sabía que podría ser liberado, o tener reducida su pena, en el caso de que acusara a Lula, como suele ser la praxis en los procesos promovidos por jueces y fiscales que actúan de forma claramente selectiva y partidarizada y sobre la base exclusiva de ilaciones e hipótesis probabilísticas construidas arbitrariamente. Por la ley brasileña, delaciones sin pruebas materiales son inválidas.

Sin embargo, en la lógica de paradoja que prevalece en esos procesos kafkianos contra líderes populares, la ausencia de pruebas se convierte en prueba cabal. En esos procesos, prevalecen también, como se ha observado, el atropello de los derechos y garantías individuales, el abuso de las prisiones temporales como instrumento de tortura psicológica para forzar delaciones, conducciones coercitivas a declarar realizadas al margen de la ley, filtraciones ilegales y selectivas de informaciones sigilosas y toda suerte de agresiones a la Constitución brasileña y a los tratados internacionales relativos a los derechos humanos.

Cabe añadir que, en el caso específico de esa condenación de Lula, no solo no había pruebas de su culpabilidad, sino que había pruebas sustanciales de su inocencia, como el hecho de que Lula nunca usufructuó del apartamento que, en la alegación delirante de la acusación, él habría recibido como “coima”, y de que la titularidad del inmueble siempre fue de la constructora del mismo. Sería un caso único de propiedad metafísica de un bien físico. No obstante, las pruebas materiales de su inocencia fueron ignoradas en el juicio puramente político al cual el ex presidente ha sido sometido.

Ante tal cuadro, la defensa de Lula ya ha recurrido al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Actuando en conjunto con Geoffrey Robertson, abogado especializado en derechos humanos en el sistema internacional, la defensa sostiene, con razón, que el ex presidente no podrá tener juicios justos, que respeten el debido proceso legal y el amplio derecho a defensa, en el actual escenario político de Brasil, sometido a un golpe de Estado y a medidas de excepción.

Ese golpe de Estado, perpetrado por la que fue definida como la “banda criminal más peligrosa de Brasil” contra una presidenta sabidamente honesta (Dilma Rousseff), siempre tuvo como objetivo mayor destruir las conquistas sociales y económicas del pueblo brasileño e imponer, de forma arbitraria e ilegítima, una agenda de retrocesos sociales y de destrucción de derechos que jamás sería aprobada en elecciones libres y democráticas.

El pueblo brasileño sabe que los únicos “crímenes” de Lula fueron, entre otros, haber hecho que 42 millones de brasileños ascendieran a la clase media, haber prácticamente eliminado la miseria en Brasil, haber ampliado las oportunidades educativas para la población más pobre, haber aumentado el salario mínimo en más de 70%, haber ampliado los servicios de salud para la población carenciada, haber reducido la deforestación de la Amazonia y comprometido a Brasil en el combate mundial al calentamiento global, haber propiciado un verdadero combate a la corrupción en un país que siempre la había tolerado, haber afirmado la independencia y soberanía del país, haber sacado a Brasil del Mapa del Hambre de la FAO, haber, en suma, iniciado la construcción de un país más justo y solidario. Un Brasil para todos.

Así, Lula es perseguido por sus virtudes, su poderoso simbolismo de líder popular dedicado a la eliminación de la pobreza y a la superación de las desigualdades, lo cual, en la crisis, se choca con los imperativos neoliberales y austericidas del gobierno del golpe. No por sus supuestos crímenes.

Pero creemos que Lula es también perseguido por lo que él significa para el mundo. En efecto, Lula implantó una política externa dedicada a la construcción de un mundo plural, realmente multilateral, en el cual los países emergentes también puedan usufructuar de los beneficios del desarrollo y participar de las grandes decisiones internacionales. Lula tuvo un papel decisivo en la introducción de los grandes temas sociales en la agenda mundial, en el involucramiento de los países emergentes con las grandes cuestiones ambientales y en las iniciativas destinadas a reformar las instituciones multilaterales y a controlar las finanzas mundiales.

De esa forma, Lula reprodujo, en el plano externo, sus políticas progresistas implementadas en el plano interno. Lula es un símbolo de igualdad, progreso social y de multilateralismo democrático para el mundo. Lula representa la esperanza de la superación del neoliberalismo, que concentra ingreso y patrimonio, promueve pobreza y desigualdad, propaga desempleo, exclusión e injusticia y profundiza la división entre los países del globo.

Lula simboliza, sobre todo, la idea de que otro mundo es posible.

Por todo eso, Brasil está dispuesto a luchar y combatir esa persecución injusta.

Lula representa todo lo que la oligarquía reaccionaria y antidemocrática odia más, pues su lucha personal se confunde con la lucha colectiva del pueblo brasileño y de muchos pueblos oprimidos del mundo.

Lula es una creación genuina del pueblo de Brasil. Es su cara, su corazón. Lula está en el hijo del albañil que se hizo doctor. En la madre que hoy logra alimentar a sus hijos. En las aguas que hoy riegan la región semiárida del Nordeste. En la luz de los vivían en las tinieblas, sin luz eléctrica, en pleno siglo XXI. Lula está en el Mercosur, en la Unasur, en la Celac, en el BRICS. Lula está en el G-20, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU. Lula está en la solidaridad al África. El ejemplo de Lula está en todos los programas internacionales de combate al hambre y a la pobreza.

Lula es la esperanza de la conciliación de Brasil. Solamente elecciones directas con la participación de Lula podrán superar la gravísima crisis política, económica e institucional del país. Encarcelar a Lula significa mantener a Brasil en una crisis insoluble. Es agravar el cuadro de conflicto que aprisiona al país.

Y Lula es también un símbolo para un mundo carente de líderes mundiales que tengan real compromiso con el combate a las desigualdades entre los países del planeta. Lula encarna el sueño de la igualdad y la esperanza de un mundo menos asimétrico. Un mundo volcado a la satisfacción de las necesidades de las personas, y no dedicado a la manutención de los privilegios de los pocos que controlan las finanzas globalizadas.

No se puede aprisionar ese sueño, no se debe encarcelar esa esperanza.

Reaccionaremos, lucharemos. Ahora, mucho más que antes, dedicaremos todas nuestras fuerzas a absolver a Lula. En todas las instancias, en todos los foros, en Brasil y en el mundo, denunciaremos que, sin Lula, el único líder capaz de oponerse a la agenda destructiva del golpe continuado, las próximas elecciones brasileñas serán un gigantesco fraude. Sin Lula, no habrá democracia en Brasil. Sin Lula, las esperanzas en un mundo mejor disminuyen.

Estamos seguros de la victoria. ¡Estamos, con Lula y con el pueblo, del lado correcto de la Historia!


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