Una estrategia para sepultar a Lula

(Foto:Figuras inflables de los expresidentes de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff como prisioneros Credit Carl De Souza/Agence France-Presse — Getty Images)

Para el público que desconoce las particularidades del caso, la noticia de que un expresidente sea juzgado por corrupción en una nación latinoamericana —donde la impunidad suele ser la regla— podría parecer un avance. Sin embargo, un proceso judicial en el que los fiscales y jueces han actuado de forma parcial, sin apego a la legalidad y violando las garantías del inculpado constituye una enorme amenaza para la democracia y un acontecimiento que —en pleno año electoral— será motivo de incertidumbre y crispación entre los brasileños.

La sentencia del juez Sérgio Moro, ratificada esta semana, se da diecisiete meses después de que Dilma Rousseff fue depuesta de la presidencia a través de una operación política de dudosa legalidad y luego de que el Congreso exoneró al presidente Michel Temer, sobre quien existen pruebas de corrupción.

Al ratificar la condena impuesta a Lula y aumentarla de nueve a doce años, los tres jueces federales —en busca de un estrellato político similar al del ya famoso Moro—, validaron de forma unánime un juicio viciado de origen y sin el tipo de pruebas que exige un proceso penal.

La investigación nunca logró probar que Lula tuviera una sola cuenta bancaria o una propiedad indebida. Los jueces no solo ignoraron las declaraciones de 73 testigos que contradecían las acusaciones del exdirector de la constructora OAS y los diversos recursos presentados por la defensa del expresidente. Tampoco consideraron una carta abierta firmada por numerosos intelectuales, activistas y políticos latinoamericanos ni el estudio minucioso de la sentencia por parte de más de un centenar de abogados y estudiosos que desmontan todas las premisas de la sentencia del juez Moro. Juristas internacionalmente reconocidos criticaron duramente el proceso. Incluso el teórico del garantismo jurídico Luigi Ferrajoli alertó que el proceso contra Lula se caracterizaba por su “impresionante ausencia de imparcialidad”.

Los próximos meses serán de incertidumbre para Brasil, donde se celebrará un proceso electoral judicializado. El fallo no es la última instancia. Lula podrá llevar su caso al Supremo Tribunal Federal. Aunque podría ir preso en las próximas semanas, lo más probable es que los jueces permitan que agote el proceso en libertad.

Por lo que hace a la elección, el Partido de los Trabajadores (PT) seguramente registrará a Lula como candidato y llevará la disputa hasta el final. Al final, si la condena es ratificada por el máximo tribunal del país, podría ser sustituido hasta veinte días antes de la elección.

Con su decisión, los jueces brasileños le han dado carta blanca a un conjunto de prácticas jurídicas peligrosas que crean un estado de excepción propio de regímenes autoritarios. Parecería que en el poder judicial brasileño todo vale en un juicio anticorrupción: desde incumplir las reglas de un proceso penal, hasta inventar figuras jurídicas inexistentes o manipular mecanismos de prisión preventiva.

Para mí es difícil encontrar otra motivación para permitir estas irregularidades que apartar a Lula da Silva de la campaña presidencial de este año, en la cual el exsindicalista todavía es el claro favorito. Desde la encuesta más conservadora (Datafolha) hasta la más izquierdista (Vox Populi) coinciden en que el expresidente obtendría más de 40 millones de votos en las elecciones de octubre.

Hace tiempo que la derecha brasileña parece haber comprendido que Lula es imbatible electoralmente. Quizás por eso se trazó una ruta judicial para apartarlo del poder, trasladando a los tribunales una decisión que en una democracia debería corresponder a los ciudadanos. Tal vez por ello la Bolsa de São Paulo reaccionó con júbilo ante la ratificación de la sentencia.

La estrategia no solo busca inhabilitar electoralmente al expresidente (en algunos meses sabremos si finalmente ocurre), sino también minar su imagen y reputación. Se trata de acabar con el mito de un líder que ha empoderado a los sectores populares, asestar un golpe mortal a la izquierda brasileña y promover una agenda conservadora en lo económico, lo político y lo social.

Por eso desde el primer momento el juicio contra Lula se ha librado en los medios —abrumadoramente contrarios a Lula y al PT—, donde jueces y fiscales se han dedicado a expresar opiniones políticas e incluso a comentar sobre los procesos que estaban bajo su jurisdicción exhibiendo su parcialidad.

En el escándalo de Lava Jato, donde se insertó esta investigación contra Lula, están implicados políticos de todos los partidos, tanto en el gobierno como en la oposición, así como dueños de las más grandes empresas constructoras (incluido OAS y Odebrecht). La corrupción es sistémica y consustancial a la política brasileña. Sin la corrupción no se financian campañas políticas (en Brasil no existe el financiamiento público a las campañas) ni se aseguran mayorías parlamentarias.

Naturalmente, combatir esa corrupción no solo es loable, sino también necesario. El problema de la supuesta cruzada moral es que los fiscales y jueces que la llevan adelante, en su afán por convertirse en superhéroes y promoverse políticamente, han investigado con mayor agilidad y dedicación a figuras de partidos políticos de izquierda y a Lula con particular saña. No en balde, el juez Moro se ha vuelto tan popular en sectores identificados con la derecha, al grado de figurar en algunas encuestas electorales como un posible contendiente.

El objetivo del proceso a Lula da Silva no ha sido promover el surgimiento de una nueva república de la honestidad y la transparencia, sino apartar del camino al rival más temido. Por ello, aunque Lula saliera eventualmente ileso de este juicio, tendrá que enfrentar varios procesos más, quizás “igualmente infundados y políticamente motivados”, como sostienen varios analistas.

Si Lula no logra llegar al final de la contienda por la presidencia, otros candidatos menos competitivos podrán hacerlo con su apoyo, como el petista Fernando Haddad, exalcalde de São Paulo, o el exministro Ciro Gomes, hoy afiliado al Partido Democrático Trabalhista (PDT), con quien el PT podría aliarse.

Al margen de lo que finalmente ocurra, lo cierto es que —presente o no en la próxima elección— la figura de Lula continuará influyendo en la política brasileña por muchos años, aunque las élites de derecha se empeñen en sepultarlo y del incalculable costo político e institucional que esto podría tener para la democracia brasileña.


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